Fuerte oposición del lobby alimentario a la publicidad de Transport for London

Las pequeñas empresas alimentarias y las que no se dedican principalmente a la producción de alimentos ultraprocesados se mostraron mayoritariamente a favor de la prohibición, introducida para crear un entorno alimentario más saludable para los niños de Londres.

Así se desprende de los datos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información (FOI), analizados por investigadores de la Universidad de Bath y publicados hoy [2 de septiembre] en PLOS Medicine.

Los investigadores descubrieron que los opositores a la prohibición la impugnaron por múltiples motivos, intentaron aumentar su papel en el proceso político y compartieron sus propias pruebas con los funcionarios, al tiempo que suprimían o socavaban las pruebas independientes que apoyaban la política.

A pesar de la importante oposición comercial, la prohibición siguió adelante, lo que los investigadores consideran un precedente positivo para otras autoridades públicas que planeen prohibiciones similares. Algunas, como Bristol, ya han seguido su ejemplo y han introducido restricciones publicitarias en los espacios de su propiedad. Sin embargo, advierten a otras autoridades que estén atentas a la oposición de la industria alimentaria.

Los intentos de las empresas por hacer fracasar las normas de comercialización del tabaco y el alcohol están bien documentados, y esta investigación sugiere que muchas de las tácticas utilizadas por las empresas alimentarias están sacadas del mismo "libro de jugadas". Entre ellas se encuentran el cabildeo directo, el uso de coaliciones para transmitir sus mensajes y establecer vías alternativas de acceso, la minimización de los beneficios de las políticas y la exageración de los posibles efectos negativos.

Las empresas y grupos empresariales participaron en el proceso político respondiendo a la consulta pública sobre la Estrategia Alimentaria de Londres. Algunos fueron animados proactivamente por los funcionarios de la GLA a participar como parte de su proceso de compromiso con las partes interesadas, que incluía reuniones con los responsables políticos. Los datos sobre la libertad de información obtenidos por los investigadores sugieren que, en el período previo a la introducción de la prohibición de la publicidad, los funcionarios de la GLA mantuvieron hasta ocho reuniones o llamadas al mes con grandes representantes de la industria alimentaria y publicitaria.

El Grupo de Trabajo sobre Obesidad Infantil de Londres, aunque no participó directamente en el desarrollo de las restricciones, parecía ser visto como un importante punto de acceso por parte de las empresas. McDonald's, por ejemplo, se puso en contacto con el Grupo de Trabajo ya en abril de 2018 y más tarde solicitó ser miembro, aunque la correspondencia sugiere que no tuvo éxito porque lo solicitó tarde.

Si bien algunas reuniones se enumeraron formalmente como parte del proceso de consulta, también hubo interacciones informales. Kentucky Fried Chicken (KFC), por ejemplo, participó en múltiples llamadas con el grupo de trabajo y el personal de la GLA, e invitó a un miembro del grupo de trabajo a un "tour mágico y misterioso" por los restaurantes de Londres y a una visita a Brixton. La empresa también envió al mismo funcionario una invitación a su "Restaurant General Manager Fest" anual.

Múltiples correos electrónicos sugieren que KFC se ofreció a colaborar con el Grupo Operativo. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar la naturaleza de la colaboración debido a las redacciones y a que las actas de las reuniones pertinentes no se compartieron públicamente.

Muchos de los encuestados empezaron su consulta de forma favorable -Uber Eats, por ejemplo, dijo que apoyaba el plan del alcalde para reducir la obesidad "en general" y McDonald's que entendía la necesidad de la regulación "en esencia"- pero pasó a oponerse a la prohibición.

Mientras que la mayoría de las empresas alimentarias se centraron en las afirmaciones de que la política perjudicaría a los negocios más pequeños y vulnerables, Subway se centró en el coste potencial para su propio negocio, estimando que las restricciones publicitarias conducirían directamente "a una reducción de la afluencia y del rendimiento del negocio". Esto contradice otras afirmaciones de que la política no serviría para reducir el consumo de productos poco saludables.

Asimismo, los representantes del sector advirtieron que la política perjudicaría a TfL y a la economía local. De hecho, los ingresos de TfL aumentaron ligeramente tras la introducción de la prohibición de la publicidad.

No todos los grupos empresariales fueron totalmente transparentes sobre sus relaciones.
Por ejemplo, la campaña británica
Takeaway Campaign incluye a Just Eat como miembro, pero en su presentación y en su página web pública no se menciona que fue fundada por una agencia de relaciones públicas en nombre de Just Eat.

La formación de coaliciones era habitual, y las empresas de publicidad se unieron en torno al organismo de la industria publicitaria Outsmart. Varias empresas hicieron referencia o utilizaron secciones de la respuesta de la asociación en su propia declaración.

Otras intentaron socavar las restricciones desafiando la base de pruebas sustanciales sin proporcionar pruebas sólidas propias para respaldar estos desafíos. Por ejemplo, la Asociación Británica de Bebidas Refrescantes afirmó que "la investigación académica no ha logrado establecer una relación directa entre la comercialización de alimentos y bebidas y la obesidad infantil, por lo que no nos convence la proporcionalidad de las nuevas restricciones".

Del mismo modo, McDonald's argumentó que la base de pruebas era insuficiente y se ofreció a apoyar "un estudio en todo Londres sobre las causas de la obesidad", con dinero y experiencia.

Algunas empresas y asociaciones empresariales compartieron investigaciones que habían realizado o encargado ellas mismas. Por ejemplo, los correos electrónicos sugieren que KFC contrató a una agencia para que investigara "el comportamiento de los jóvenes en materia de alimentación y consumo de snacks" e invitó a los funcionarios a una reunión de investigación en las oficinas de APCO, un grupo de presión registrado para KFC.

Outsmart y otros dos miembros de la industria publicitaria insinuaron la posibilidad de un desafío legal en sus respuestas a la consulta. Outsmart escribió a los funcionarios de la GLA solicitando que se retrasara la política ampliando su período de aplicación, diciendo que "creemos que tendría que ser por lo menos seis meses después de cualquier anuncio de la política para evitar la amenaza de acciones legales".

En relación con los resultados, la autora principal, Kathrin Lauber, del Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco
, de la Universidad de Bath, dijo: "Las afirmaciones de los actores de la industria que se opusieron a la política no se ajustan en gran medida a las pruebas independientes de salud pública, sino que recuerdan a los argumentos que se suelen esgrimir en los debates sobre la regulación de otros productos insalubres, como el tabaco y el alcohol. Los responsables de la política de salud pública deberían replantearse si quieren colaborar con empresas cuyos intereses comerciales entran claramente en conflicto con el objetivo de la política, y cómo hacerlo."

Dev Sharma, presidente de la Junta de Jóvenes de Bite Back 2030, dijo: "Se están gastando miles de millones en dar a la comida basura un papel protagonista en la mente de los niños con la publicidad, el marketing y las promociones. Yo tengo 16 años y me bombardean con anuncios de comida basura en mi teléfono y mi ordenador, y estoy seguro de que cada vez es peor".

"Están por todas partes, aparecen cuando vemos vídeos, cuando juego con los amigos, y no tenemos escapatoria, sobre todo en este momento en el que vivimos pendientes de nuestras pantallas. Es hora de dar prioridad a la salud de los niños y quitarle protagonismo a la comida basura".

Fran Bernhardt, Coordinadora de la Campaña de Alimentación Infantil de Sustain, añadió: "Esta investigación descubre los enormes esfuerzos de las empresas para socavar y paralizar esta política. Si se pudieran reorientar esos recursos y esa creatividad hacia anuncios más saludables, se podría dedicar más tiempo a mejorar los espacios locales para que todos los niños crezcan.

"A medida que entran en juego las restricciones nacionales a la publicidad de la comida basura, las empresas pueden ahora prestar más atención a la publicidad local. Por ello, es crucial que los gobiernos locales sean conscientes de estas tácticas y tengan más apoyo para poner en marcha políticas publicitarias similares para proteger la salud de los niños".

Caroline Cerny, de la Alianza para la Salud de la Obesidad, añadió: "De esta investigación se desprende que las empresas de alimentos
dedican un esfuerzo y unos recursos fenomenales para oponerse a una política de salud pública. Lo que resulta preocupante en
es que gran parte de este esfuerzo de presión se lleva a cabo sin que se note. Es probable que la presión pública que estamos viendo por parte de la industria en contra de los nuevos planes del Gobierno para restringir los anuncios de comida basura en la televisión y en Internet sean sólo la punta del iceberg y es vital que el Gobierno se mantenga firme en sus planes para proteger a los niños de la publicidad de alimentos poco saludables".