Impuesto sobre el azúcar de 2027: el sector de las bebidas considera que las empresas se enfrentan a retos insuperables
Cinco asociaciones solicitan un aplazamiento: la falta de normativa y los plazos tan ajustados apenas dejan margen para adaptaciones
Las principales asociaciones del sector alemán de las bebidas protestan contra los planes concretos actuales de la coalición de adelantar la introducción de un impuesto sobre el azúcar en las bebidas al 1 de enero de 2027. Esta opción se contempla en un proyecto de enmienda actual de la coalición a la Ley de Estabilización de las Cuotas del Seguro de Enfermedad (GKV), que se aprobará en el Bundestag a finales de esta semana. La Asociación de bebidas no alcohólicas (wafg), la Asociación Alemana de Manantiales Minerales (VDM), la Asociación Alemana de la Industria de Zumos de Fruta (VdF), la Federación Alemana de Cerveceros (DBB) y la Asociación de Cervecerías Privadas de Alemania califican estos planes de la coalición como una «afrenta contra las pymes». Si el polémico impuesto se introdujera efectivamente en unas pocas semanas, esto plantearía retos prácticamente insuperables a innumerables empresas que ya se encuentran sometidas a una fuerte presión, advierten las asociaciones.
Recientemente, más de 300 empresas del sector de las bebidas ya se habían pronunciado en una carta abierta conjunta en contra de la introducción de un impuesto sobre el azúcar y habían advertido con insistencia de las cargas adicionales que supondría para las pymes y los consumidores. Los planes para una introducción totalmente precipitada, que se han dado a conocer este fin de semana, agravan considerablemente estas preocupaciones por varias razones.
El sector de las bebidas identifica concretamente cinco problemas fundamentales:
- Imposibilidad de adaptar las fórmulas: debido a la introducción repentina del impuesto sobre el azúcar, prevista para dentro de unas pocas semanas, las empresasno disponen de tiempo alguno para adaptar las fórmulas de las bebidas o lanzar nuevos productos. Los cambios en las fórmulas requieren extensos procesos de desarrollo, producción y lanzamiento al mercado. Estos no pueden llevarse a cabo en el escenario que ahora se avecina.
- Alto riesgo de costes: la introducción del impuesto sobre el azúcar ya a partir del 1 de enero de 2027 priva a las empresas prácticamente de toda posibilidad de incluir los considerables costes adicionales que ello conlleva inevitablemente en las negociaciones anuales en curso con el comercio minorista de alimentación. Es bien sabido que el sector minorista de la alimentación en Alemania, altamente concentrado, solo acepta de forma muy limitada los aumentos de costes por parte de los fabricantes. Por lo tanto, muchas empresas tendrían que asumir inicialmente por sí mismas la totalidad de estas cargas adicionales, sin que ello fuera económicamente viable.
- Total incertidumbre sobre los productos afectados: hasta la fecha, ni siquiera está claro, ni de lejos, qué bebidas se verán afectadas por el impuesto sobre el azúcar previsto. Por lo tanto, sigue sin saberse qué bebidas concretas se gravarán y cuáles no. Hasta la fecha no existe ni un anteproyecto de ley ni un documento de principios del Gobierno federal. ¿Cómo se supone que las empresas deben tomar decisiones económicas de gran alcance sin conocer siquiera el marco jurídico?
- Amenaza de aumento de la burocracia: Tampoco está en absoluto claro quién debe recaudar el nuevo impuesto ni de qué manera. Hasta la fecha, no hay ninguna orientación sobre qué autoridad (probablemente la aduana) deberá recaudar el impuesto ni sobre cómo se podrá establecer, en un plazo tan breve, un sistema de recaudación y control que funcione, tanto por parte de las empresas como de las autoridades. Faltan, en particular, directrices claras y vinculantes sobre el registro y la recaudación del impuesto, procedimientos digitales, soluciones de software y normas de aplicación viables tanto para las empresas como para la administración (federal).
- Violación del principio de protección de la confianza legítima: las empresas han confiado en las declaraciones fundamentales del acuerdo de coalición relativas al fomento del crecimiento económico («Para ello, promoveremos, entre otras cosas, las inversiones, la innovación y la competencia, y reduciremos los impuestos, las tasas y los precios de la energía»). La introducción de un impuesto sobre el azúcar fue rechazada claramente en las negociaciones de coalición de la primavera de 2025; además, el congreso federal de la CDU se pronunció explícitamente en contra hace apenas unos meses. El Ministerio Federal de Hacienda ha declarado en repetidas ocasiones que no ve fundamento alguno para la introducción de un impuesto sobre el azúcar. El Ministerio Federal de Alimentación se opone, desde un punto de vista técnico, a un impuesto de este tipo destinado a influir en el comportamiento de los consumidores.
Resulta revelador que la coalición afirme ahora, en el marco del proyecto de ley sobre el Seguro de Enfermedad Obligatorio (GKV), en documentos del fin de semana, «se parte de la base de que la recaudación fiscal por las bebidas azucaradas ascenderá a 650 millones de euros en 2027 y, como consecuencia de los ajustes en las fórmulas de los fabricantes, descenderá a 450 millones de euros anuales a partir de 2028». Por lo tanto, parece evidente que los ingresos previstos para 2027 son más elevados que los del año siguiente debido al carácter repentino de la medida. Los responsables políticos son plenamente conscientes de que, con este enfoque, las empresas ya no pueden reaccionar. Conclusión: los argumentos relacionados con la política sanitaria son, en el mejor de los casos, una fachada; lo que realmente importa es tapar los agujeros presupuestarios.
Por ello, las asociaciones hacen un llamamiento urgente al Gobierno federal y al Bundestag para que desistan de los planes de introducir precipitadamente el impuesto sobre el azúcar. Tener que aplicar un impuesto en medio de las incertidumbres expuestas, con consecuencias de tal alcance, en tan solo unas semanas, amenazaría inevitablemente la subsistencia de muchas empresas y provocaría cierres. Para el sector de las bebidas, caracterizado por las pequeñas y medianas empresas, la actuación del Gobierno federal supondría una bofetada. Las empresas necesitan, precisamente en tiempos de dificultades económicas, seguridad en la planificación, fiabilidad y plazos realistas. Lo último que necesitan son decisiones políticas precipitadas con consecuencias imprevisibles.
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